- Revista Apuntes de Familia
Defensores y defensoras de derechos humanos y del ambiente de diversas regiones del Perú llegaron a Lima para exigir un alto a la violencia que sufren a diario. Ellos denuncian que son intimidados, perseguidos, encarcelados, llevados a juicios y asesinados por defender territorios naturales.
Como se sabe durante el 2020, en plena pandemia por el Covid-19, 6 defensores de la tierra y el medio ambiente fueron asesinados en nuestro país, según registra el más reciente informe de Global Witness.
Este informe también señala que a nivel global 227 personas defensoras ambientales fueron asesinadas durante el 2020. El Perú ocupa el noveno lugar entre los países con mayor cantidad de ataques registrados en el mundo.
En el documento, América Latina vuelve a ubicarse como la región más peligrosa para los defensores ambientales.
Tras esta ola de violencia, este 26 de octubre se llevó a cabo una primera reunión en la participaron los defensores y defensoras de Cusco, Apurímac, Arequipa, Cajamarca, Amazonas y Lima. En este conclave se discutió la pronta convocatoria al Primer Encuentro Nacional de Defensoras y Defensores de todo el Perú, así como impulsar una campaña nacional que oriente acciones que pongan alto a las violencias contra los defensores ambientales, quienes se encuentran en la primera línea de batalla para proteger los recursos naturales de todas y todos los peruanos.
Y para este miércoles 27, se programó un plantón cultural frente al Ministerio de Justicia, donde se recreará el escenario de violencia a la que defensoras y defensores son sometidos por proteger la tierra.
Ellos exigen que se implemente el nuevo protocolo para defensores aprobado recientemente por el Ejecutivo, con el fin de garantizar la protección de personas defensoras de derechos humanos y de la tierra.
Por otro lado, desean que el Congreso de la República ratifique el Acuerdo de Escazú, que obliga a los Estados a garantizar la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales. Además, que el Poder Judicial desarrolle un Acuerdo Plenario de la Corte Suprema de Justicia para que se pueda prevenir y evitar la criminalización de la protesta.
